IMPUNES HOY, GOLPISTAS MAÑANA
«Son las momias que aún se escurren a hurtadillas, por las negras galerías de la infamia»
Este verso del compañero Carlos Molina bien describe y cataloga el constante accionar de las Fuerzas Armadas y de quienes esconden la verdad de los crímenes que éstas cometieron durante la dictadura. De toda esa estructura de poder, que para eso existe y ampara a estas instituciones.
Un «Tribunal de Honor» militar -habría que decir un Tribunal de Vergüenza y Cinismo- entendió que José «Nino Gavazzo» y Jorge «Pajarito» Silveira debían ser expulsados del Ejército por haber guardado silencio ante la prisión de otro militar, Juan Carlos Gómez, por el crimen de Roberto Gomensoro Josman. Pero en el mismo acto, Gavazzo, de hecho, se autoadjudicó el crimen de Gomensoro, y eso fue considerado como un hecho irrelevante por el Tribunal militar. Silveira a su vez le adjudica más crímenes a Gavazzo, pero nada de ello motivó que sus «camaradas» de armas dieran cuenta de esos mismos hechos de acuerdo a su gravedad. Al contrario, para ellos, bien adoctrinados y bestializados, la tortura, muerte y desaparición de gente del pueblo no es algo que importe.
Una pequeña y horrenda parte de lo que todo el mundo conoce hace décadas, se hizo público luego de que un periodista con vínculos con Gavazzo publicara los fallos del Tribunal militar. Este hecho no queda claro en primera instancia, ni tampoco por qué Silveira le suma una serie de acusaciones a Gavazzo.
Pero a esta especie no se le puede pedir algo de ética, en el silencio compartido no hay nada de valores solidarios. El silencio es para cubrirse entre cómplices que ejecutaron horror y muerte. Así que de estos círculos cualquier cosa se puede esperar, la existencia de enfrentamientos mezquinos no es algo que a nadie pueda llamar la atención. Son buenos discípulos de un sistema genocida y fueron bien enseñados para servirlo. El Ejército, como parte de las FFAA, actuó como ha venido haciendo desde luego de la dictadura: ampararse en un profundo pacto de silencio y en la impunidad que todo el sistema político, todos los gobiernos, le ha garantizado a los militares. A esos “pobres viejitos” que igual mataban a la madre.
La destitución del Comandante en Jefe del Ejército Manini Ríos y de los seis generales que integraron los llamados Tribunales de Honor y de Alzada, más ministro y secretarios, se debe a que esta vez a estos asesinos, genocidas y encubridores, se les ha ido la mano. Queda expresado a nivel público lo que sienten y son y esto tiene efectos políticos, que por distintas razones, conveniencias y cálculos mediante, debe ser cubierto en esferas públicas. Se trata de esas mismas denuncias que familiares han hecho una y otra vez durante décadas y que han tenido como respuesta la indiferencia inhumana y cruel. Cuando mucho alguna cosa mínima para hacer como que hay preocupación sobre el tema y con esto tratar de mantener apoyo y votos para sus partidos o gobiernos.
Hay una confesión de un asesinato político y el hecho pasa desapercibido, porque al decir de Manini, ya era un hecho conocido y que nada aportaba. Con esas declaraciones de Manini al semanario Búsqueda, y todo el contenido de la entrevista que dio a ese medio, se sigue justificando el terrorismo de Estado y la impunidad. Asesinar, torturar, secuestrar -incluso bebés-, desaparecer, no parecen ser hechos que ameriten ningún tipo de castigo, sino que son las tareas «naturales» que un Ejército como el uruguayo tiene encomendadas para «mantener el orden». Y lo peor es que así funciona el sistema capitalista vigente. Forma y tiene una máquina de muerte que usa de acuerdo a las circunstancias sociales que la coyuntura le indica en referencia al mantenimiento y reproducción de sí mismo. Sistema configurado para que unos pocos tengan la riqueza y el poder. Y esa institución militar actúa de diferente manera de acuerdo a la situación social existente, por momentos reprimiendo episódicamente reclamos populares y en extremo directamente como dictadura. Defienden la patria en todo momento, la patria de los poderosos. Después van volviendo al carril, no sin menores contradicciones, nuevamente dóciles y dispuestos, habiendo sacado la tajada que han podido. Siempre a la orden y con el odio a flor de piel contra esa chusma sediciosa del pueblo que quiere comer todos los días y un futuro digno y justo.
La impunidad tiene su historia…
Los militares garantizaron para sí mismos la impunidad. La última puntada de esa costura la dieron en el Pacto del Club Naval en 1984, con el aval del Partido Colorado y el Frente Amplio que participaron de dicha reunión de contenido secreto. Mientras la reunión del Club Naval tenía lugar, aún se torturaba en los cuarteles y en el Servicio de Inteligencia, morían compañeros en la tortura y la represión se mantenía en las calles. A ese pacto secreto se sumó luego por la vía de los hechos el Partido Nacional, aprobando la Ley de Impunidad a fines de 1986, para evitar que algunos cuantos asesinos fueran citados por el Poder Judicial.
El Referéndum de 1989, el llamado popularmente «voto verde» movilizó a amplia militancia popular; primero en la campaña de recolección de firmas, luego en la campaña hacia el 16 de abril, hecho del cual se cumplen 30 años. Por allí se canalizó el intento de anular tan infame ley, pero se perdió. Se perdió ante una campaña de miedo, ante los rumores y temores de retorno de los militares, de que saldrían nuevamente de los cuarteles… En ese clima se desarrolló el referéndum… Razzias policiales mediante y el asesinato del compañero Guillermo Machado, joven obrero de la construcción en 1988.
Parecía que los de arriba y los militares habían cerrado el tema. Durante años casi no se habló de las violaciones a los Derechos Humanos en dictadura. Vino la represión del Filtro y se cobró la vida de dos compañeros más. Pero no se puede derrotar a la Resistencia. Un pueblo con dignidad encuentra caminos. Es así que Familiares convoca en 1996 a la «Marcha del Silencio». Y otra vez el tema se coloca en el centro de la discusión política del país e interpela a los gobiernos y al sistema político. Algo tenían que hacer.
Llegó el inefable Jorge Batlle y crea en el año 2000 la Comisión para la Paz, como un intento de poner un «punto final» al tema. Intenta obtener algunas «confesiones» y se recolecta información de varios casos. Se elabora un informe, que en realidad, estaba lleno de inexactitudes y mentiras. Lo cierto es que se reconocían las violaciones a los Derechos Humanos y desapariciones, esas que ahora desconocen Manini y Feola. Pero se quedaba ahí. Ese «punto final» no agregaba nada; más bien oficiaba como cortina de humo y ahondaba en el discurso de «dar vuelta la página» y «olvidar el pasado».
En 2005 con la llegada del Frente Amplio al gobierno, las expectativas de algunos sectores de la población de que se avanzara en este tema, se disiparon rápido. «Todo dentro de la ley», dijo el presidente Tabaré Vázquez al asumir, y ello implicaba respetar la Ley de Impunidad y su artículo 4º, el cual se mostraba como el estandarte de la lucha por «verdad y justicia». Exceptuando algunos pocos casos que fueron quitados de la Ley de Impunidad y el procesamiento de las figuras más notorias de la represión, no ocurrió mucho más. Acerca de la verdad y el famoso artículo 4º, poco se obtuvo. Fue casi imposible avanzar en otras causas judiciales.
Todavía está en nuestra retina la figura del ex Comandante del Ejército Carlos Díaz junto a Macarena Gelman, señalándole el lugar donde estaba enterrada su madre. Y allí no había nada.
Durante el gobierno de Mujica se impidió la anulación de Impunidad en el Parlamento con la «cruzada» de Víctor Semproni, haciendo los mandados a Mujica y al Ministro de Defensa Fernández Huidobro. Es que tenían un pacto con los militares que no podían romper…
Han sido innumerables las mentiras que han propalado los militares hasta el día de hoy. Las declaraciones de Gavazzo al diario El País del domingo 5 de mayo son, por lo menos, repugnantes. Se reiteran las mentiras, igual que ante el Tribunal militar. La desinformación ha sido siempre su tarea, por lo tanto, no debe sorprendernos que este tipo de personajes mientan. Es parte de la política de impunidad.
Construyendo la impunidad del mañana…
El hecho de no avanzar en materia de verdad y justicia, hace que la impunidad se perpetúe y fortalezca, que cimente la impunidad de mañana. Pero, además, hay políticas específicas que fomentan la impunidad del futuro. Una de esas políticas es la «ley antiterrorista», que ya fue aprobada por el Senado con el voto de todos los partidos, y que «era necesaria» para colocar a Uruguay a tono con las exigencias internacionales en la materia. Claro, las exigencias vienen del norte, del imperio, del mayor terrorista del mundo. Se decía que Uruguay podía quedar expuesto a sanciones por no controlar el lavado de activos para financiar el «terrorismo». El GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) presionó a Uruguay para aprobar dicha ley, ya que este organismo se encarga de la revisión de la normativa en materia financiera, y viene presionando en cuanto a fondos que pueda recibir el «terrorismo».
Pero lo cierto es que el proyecto de ley que ya cuenta con media sanción en el Senado -fue aprobado por unanimidad-, y no solo se enfoca en los fondos que financien el «terrorismo», sino que tipifican como tal a una gama bastante amplia de acciones o posibles móviles de acciones del movimiento popular. Permite el uso de «agentes encubiertos» en investigaciones -vaya novedad-, pero ahora con total desparpajo se permite que utilice la identidad ficticia en el juicio. A través de esta ley se legaliza y garantiza el espionaje a las organizaciones populares y facilitará el armado de causas judiciales cuando sea de su antojo.
Por otra parte, en algunos de sus artículos se abordan asuntos un tanto improbables, como por el ejemplo el manejo y traslado de material radiactivo… El texto de la ley parece que ni siquiera fuera hecho en Uruguay, parece ser un modelo, una receta brindada desde el extranjero.
Este tipo de leyes no se diseñan y aprueban para enfrentar a los grupos terroristas que apoya y financia Estados Unidos. Esos grupos tienen cuenta corriente de la CIA y otros organismos similares. El terrorismo tiene un origen bien claro: Estados Unidos. Desde allí proviene su financiamiento, entrenamiento y las más diversas justificaciones ideológicas. Ayer fue Al Qaeda y Osama Bin Laden financiados por el gobierno de Ronald Reagan para contener la invasión soviética en Afganistán, al mismo tiempo financiaba la «contra» nicaragüense para hacer fracasar la Revolución Sandinista y el continuo apoyo en dinero, armas y entrenamiento a los ejércitos centroamericanos que cometieron verdaderos genocidios en los años ’80, aplicando los manuales norteamericanos de la «guerra sucia».
En la región, Brasil y Argentina aprobaron bajo los gobiernos progresistas de Dilma Roussef y Cristina Kirchner leyes de este tipo. En Brasil, el Movimiento Sin Tierra ya cuenta con sus primeros procesados bajo esta ley por acciones que tienen que ver con la lucha campesina. Este es un proyecto para que los de arriba tengan más herramientas legales para reprimir la lucha del pueblo. Lo vemos en Argentina y Chile con la lucha del pueblo mapuche y el armado de la causa judicial «RAM», que vincula a la lucha y acción directa mapuche a diversas organizaciones populares y de izquierda y las acusa de tener vínculos con las ya disueltas FARC y con la guerrilla kurda, lo cual es disparatado. Es decir, el armado de causas para los y las militantes populares, estará a la orden del día con este tipo de leyes. Con esta ley y otras, que conforman un marco jurídico denso, generan las condiciones para reprimir y encarcelar al pueblo ante los futuros descontentos. El sistema tiene previsto posibles estallidos, nuevas rebeldías, el avance de la lucha popular y generas sus «antídotos» contra eso, que no son más que barreras para que unos pocos puedan seguir gozando de sus privilegios. Para eso necesitan garantizar la impunidad del mañana y mantener latente el terrorismo de Estado.
El puñado de poderosos y beneficiarios…
La dictadura no fue solo un asunto militar. Varios civiles participaron directamente, algunos del gobierno, otros no se mancharon las manos, pero estuvieron tras las bambalinas, alentando, palmeando el hombro a estos asesinos.
Apenas se produce el golpe de Estado el 27 de junio de 1973, las cámaras patronales (Unión de Bancos del Uruguay, Asociación y Federación Rural, Cámara de Industrias, entre otras) saludaron dicho golpe. Y se vieron beneficiadas rápidamente con el decreto del 4 de julio de 1973 -en plena huelga general- el cual habilitaba a los patrones a despedir obreros a causa de su actividad sindical. Pero no quedó allí: más adelante la dictadura aprobó la rebaja de aportes patronales a la Seguridad Social, por la cual los empresarios pagan solamente el 7,5% como concepto de Montepío, mientras los trabajadores pagamos el 15%. Justamente ahora, que se empieza a hablar de reformar la Seguridad Social y todas las propuestas van en la línea de aumentar los años de trabajo -tal como acontece en la región y en el mundo-, hay que poner arriba de la mesa que los patrones durante 46 años han pagado menos que los trabajadores al BPS y que ya es hora de que se termine con esa impunidad e injusticia y que aporten el 15%, como antes del golpe. De este modo se solucionaría el déficit del BPS y, por otra parte, se pondría fin a un aspecto de la impunidad que han gozado aquellos que se beneficiaron de la dictadura y fueron sus autores intelectuales.
Por otra parte, jamás se investigaron los negociados realizados durante la dictadura, los préstamos a ciertos empresarios, el abultado crecimiento de la deuda externa. Fue la dictadura militar la que generó una brutal transferencia de ingresos, bajando los salarios reales de los trabajadores y aumentando la porción de la riqueza que se apropiaba la burguesía criolla y extranjera. Fue el «boom» de la construcción en Punta del Este, para que esos asesinos de guante blanco pudieran descansar tranquilos…
Y la dictadura dejó implantado el modelo neoliberal. Avanzó todo lo que pudo en ello; hirió de muerte definitiva al aparato industrial, reprimarizando aún más la economía. El gobierno de Lacalle sólo vino a profundizar ese modelo, que ya estaba implantado por los militares y su execrable ministro de economía Alejandro Vegh Villegas.
La impunidad también tiene varias facetas que hay que atacar.
Una larga y porfiada lucha de nuestro pueblo
Es legítimo que el pueblo uruguayo, los hombres y mujeres bien nacidos en este rinconcito del mundo, manifestemos nuestra indignación y bronca ante tanto cinismo; ya no podemos tolerar tanta infamia. Asco nos da que sujetos de la calaña de Gavazzo y Silveira sigan existiendo, y que lejos de ser juzgados haya impunidad y amparo. Pero que no sean juzgados por esta justicia también tiene su explicación profunda. Es ella una institución de primer orden para la seguridad del sistema y todo el privilegio que circula en su seno. Decía Foucault al respecto en un estudio de mucho rigor: «Si se puede hablar de una justicia de clase no es sólo porque la ley mismo o la manera de aplicarla sirvan los intereses de una clase, es porque toda la gestión diferencial de los ilegalismos por la mediación de la penalidad forma parte de esos mecanismos de dominación… hablar de política criminal es hablar de unos de los capítulos claves de poder». El sistema capitalista ha organizado los «ilegalismos» de tal forma que aseguran y reproducen su dominación.
Pero frente a ello el pueblo uruguayo ha mantenido el alto la bandera y el reclamo de justicia. Lo poco que se ha avanzando en materia de verdad y de algún milico procesado, ha sido por el esfuerzo de las organizaciones de Derechos Humanos y del conjunto del movimiento popular. Ante tanta impunidad, silencio, y tapadera de todo el sistema político que no le conviene que se abran a pleno los archivos y se sepa paso a paso lo que realmente ocurrió, no ha sido poco lo realizado por el campo popular.
Bien se sabe, Gavazzo y Silveira fueron dos de los represores que,actuando en el marco
del Plan Cóndor, plan genocida de las dictaduras de la región y de los Estados Unidos, secuestraron y asesinaron a nuestros compañeros y compañeras de FAU. Por sus sucias manos pasaron hombres y mujeres de la talla de Gerardo Gatti, León Duarte, Victoria Grisonas, Alberto Mechoso, Adalberto Soba y un inmenso grupo de compañeros y compañeras, todos detenidos y torturados por ellos y otras figuras deleznables, en Automotores Orletti. Ahora parece, según Manini Ríos y Gavazzo, que el segundo vuelo no tuvo lugar y que no se trasladaron 28 detenidos desde Buenos Aires a Uruguay. Testimonios de quienes fueron trasladados abundan, pero tienen el cinismo y el descaro de negar hoy la existencia de ese vuelo, y con ello poner en duda el resto de los mismos. Es más, es tan grande y profunda la impunidad y el silencio generado por estas bestias y todos los gobiernos desde 1985 a la fecha, que no se sabe con exactitud cuántos vuelos se desarrollaron ni quiénes fueron trasladados.
La impunidad asquea, repugna e indigna aún más que estos genocidas anden sueltos, caminando por las calles con total tranquilidad. Pero el pueblo sabe que esto no es casualidad. Solo han sido encarcelados unos pocos militares y policías, los más notorios, protegidos en una cárcel vip; pero son más de 400 los que andan tranquilos, impunes. Y junto a ellos están todos los civiles, la estructura de poder que los empujó y respaldó: dueños de diarios y radios, cámaras de comercio y rurales, grandes empresas extranjeras, dispositivos del imperio que operaban en el área. Todos ellos son responsables, nuestro repudio eterno a toda esta estructura del horror que asesinó a hijos e hijas de nuestro pueblo.
¿Hasta cuándo tanta impunidad? ¿Hasta
cuándo vamos a permitir que todos estos mal nacidos sigan jugando con la verdad y el destino de nuestros compañeros y nuestras compañeras?Necesitamos desde hoy y todos los días ir forjando un pueblo fuerte. La impunidad de hoy es el cimiento de nuevos golpes de Estado, de nuevos crímenes para cuando el sistema se vea en peligro por el clamor de justicia y libertad de los y las de abajo.
No nos resignamos a que no haya justicia, pero sabemos cuál justicia, tampoco a que se consagre sin más la impunidad y los discursos derrotistas. Seguimos la senda de nuestros compañeros desaparecidos y asesinados, no bajamos los brazos y señalamos a los responsables de los crímenes de la dictadura, amparados por toda la estructura del Estado, aparato de dominación de las clases poderosas para oprimir al pueblo.
Pero el pueblo, los pueblos, esos que las historias hechas desde la élite y cúpulas desprecian, han conservado en su imaginario, en el profundo de su corazón, el sentimiento de repugnancia a las atrocidades vividas, así como el recuerdo tierno, respetuoso por todos aquellos que fueron víctimas de la barbarie. En ese pueblo se ha conservado y ha ido creciendo el repudio a ese mundo del atropello y de la muerte. En el pueblo, las instituciones sociales, los familiares está el legítimo interlocutor; él está exento de cálculos, él constituye la única vía para lograr una verdadera justicia. Ese mismo pueblo ya encontrará su camino de justicia social total, donde volverán a habitar los mejores hijos e hijas de nuestra clase.
¡NI OLVIDO NI PERDÓN!
¡LIBERTAD O MUERTE!
¡POR EL SOCIALISMO Y LA LIBERTAD!
¡ARRIBA LOS QUE LUCHAN!
federación Anarquista uruguaya
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