Mayo y junio han sido meses de importantes movilizaciones: 1 de mayo, un 20 de mayo multitudinario -la mayor marcha de todas-, y en junio, el 9 los trabajadores de la industria ante el cierre de la metalúrgica Cinter, el día 15 movilización de los y las trabajadores/as de la Enseñanza y el movimiento estudiantil, el 16 de la salud privada y pública, el 21 de ANCAP y la rama extractiva del SUNCA y el 22 de los trabajadores y las trabajadoras nucleados en la Mesa Sindical Coordinadora de Entes. También el movimiento estudiantil ha participado activamente en todas estas instancias y han generado actividades de propaganda y culturales en varios centros de estudio. Todas ellas movilizaciones masivas y que reflejan una disposición a la pelea de vastos sectores ante el ajuste neoliberal que se viene procesando desde arriba.
En estas movilizaciones se han expresado importantes reclamos: trabajo, recuperación salarial y medidas contra el aumento de precios, rechazo a las privatizaciones y recortes en diferentes áreas, rechazo a la reforma educativa neoliberal -que ahora las autoridades llaman “transformación”-, defensa de las empresas públicas, desarrollo de políticas industriales, en defensa de la salud, etc.
La pérdida salarial del período alcanza promedialmente al 8%, los cierres de empresas continúan, también los despidos y los envíos al seguro de paro. Los niveles salariales de buena parte de los trabajadores no superan los 25 mil pesos mensuales. El problema de la vivienda sigue siendo acuciante para la inmensa mayoría de lo de abajo. Los asentamientos continúan creciendo, no hay soluciones públicas para obtener vivienda digna, han sido constantes los incendios de casas precarias y de familias que lo pierden todo. No es el fuego, sino la culpa de un sistema basado en la más atroz de las injusticias que condena a miles de seres humanos al hambre y la marginación.
Según las cifras oficiales hay más de 375 mil pobres. La cifra real es mucho mayor. Podríamos aventurar que llega al millón de habitantes. Situaciones por demás complejas se viven en la periferia de Montevideo y de todas las ciudades del interior del país. Ha aumentado también la indigencia y la población en situación de calle. Cientos de jóvenes y niños duermen en refugios y mucha gente directamente a la intemperie.
El ajuste tiene varias aristas
El cierre de Cinter que deja 150 familias en la calle, es un ejemplo de la relocalización del gran capital a escala mundial. Cinter, originalmente empresa de capital nacional, fue comprada hace casi 20 años por Arcillor Mittal, una de las empresas del rubro metalúrgico más grande del mundo. Pasó a constituir parte de Aperam, la rama latinoamericana de la multinacional. Producía caños para la industria automotriz brasileña. Con la crisis generada a partir de la pandemia y la actual guerra en Ucrania, donde los suministros, fletes y materia prima pueden retrasarse, demorarse o sencillamente faltar, la multinacional decide cerrar la planta en Uruguay y abrir una similar en Brasil, cercana a la industria automotriz norteña. Aquí queda otra planta industrial vacía.
A nivel de los trabajadores del Estado, tomemos como ejemplo la propuesta de AFE para esta Rendición de Cuentas: eliminar el ente público AFE y pasar la actividad ferroviaria a una Dirección del MTOP y fortalecer la actividad privada. Un paso más en los afanes liquidacionistas de un servicio esencial como el ferrocarril tanto para la actividad económica como para el transporte de pasajeros. En cambio, UPM tendrá tren propio y vías férreas para uso casi exclusivo. Una privatización lisa y llana favoreciendo, como siempre, al gran capital.
Señalemos algunas otras avanzadas privatizadoras: desmonopolización de Antel en la venta del servicio de internet y pérdida de soberanía en el servicio de flujo de datos, entregando a los dueños de los canales de televisión abierta la posibilidad de la venta del servicio de internet para hogares.
Por otro lado, el proyecto Neptuno genera una planta potabilizadora de agua en el departamento de San José a cargo de cuatro empresas privadas de la construcción -algunas de ellas que vienen participando hace rato de suculentos negocios y alguna también ha sido parte de la política desindustrializadora y anti obrera-, que privatiza la gestión del agua. Frente a los problemas medioambientales que vive la humanidad y en particular nuestro país producto del modelo forestal -celulósico, el agua es un recurso vital y ya es materia de disputa. Aquí, sin debate social de ningún tipo, y violando todas las disposiciones, se entrega su gestión al capital privado. Contraviniendo una disposición ya marcada en el plebiscito de 2004, cuando se dejó bien claro el cuidado de los recursos naturales y la soberanía en la explotación y uso de los mismos, cuando el pueblo envió un mensaje anti-privatizador con movilización y discusión sobre la administración, cuidados y modo de uso de dichos recursos, y hoy consta en el artículo 47 de la constitución. Con estos proyectos, se profundiza el camino privatizador del agua, ya andado con la ley de riego en su momento.
Los intentos de asociación del Correo del Estado con operadores privados, que llevarían a las tercerizaciones de buena parte de su operativa. La ya conocida entrega hasta el 2081 a la operadora belga Katoen Natie de la gestión de la terminal de contenedores en el puerto de Montevideo, que ya se encontraba operando en manos de privados, por medio de la compañía Montecom, son algunas de las medidas privatizadoras que se han tomado en estos últimos años.
En similar sentido, el Instituto de Colonización, institución cada vez más pequeña, con escaso presupuesto y cartera de tierras, no tiene los recursos para asentar población en la campaña e incrementar la producción agrícola-ganadera, y en cambio otorga tierras a connotados políticos que no viven en esos predios, caso notorio de Manini Ríos e Irene Moreira. Familias tradicionalmente vinculadas a los grandes intereses agrarios.
El ajuste incluye reducción de personal y funcionarios públicos, quitando puestos de trabajos estables y necesarios en área sensibles para el conjunto de la población como la salud, por ejemplo. Muchas funciones de los entes y ministerios no se pueden llevar a cabo debido a falta de personal, afectando la calidad de los servicios para nuestro pueblo y las condiciones de seguridad laboral para los trabajadores y la población ante la falta de contralor en actividades que están en contacto directo con la misma como lo es el ferrocarril, donde se ha desmantelado la sección de contralor de mantenimiento y seguridad de las vías. Ese dinero que el Estado “ahorra” lo vuelca al capital privado en concesiones y otras prebendas.
A su vez, se desencajona el proyecto elaborado por Murro en el anterior gobierno y que dormía la siesta, y ahora, las nuevas autoridades lo miran con simpatía; la posibilidad de disolver la negociación colectiva por rama de actividad y que pase a funcionar por empresa, desarticulando la capacidad colectiva de resistencia y dejando a cada sindicato de base peleando solo, por condiciones, puestos de trabajo y salario. Seguir en esta línea, hará que los sindicatos de las grandes empresas, donde puede haber una mayor presencia del mismo por dimensiones, podrán conseguir mejores convenios, y en lugares más pequeños, donde la presencia sindical pasa a ser menor, las condiciones empeoren.
Agrega además este proyecto un punto central para las cámaras empresariales: la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos. Ello significa que todas las conquistas caen al final del convenio y hay que rediscutir y renegociarlas todas nuevamente. Por lo tanto, cuestiones básicas ganadas por muchos sindicatos se estarían perdiendo y teniendo que pelearlas cada pocos años, dejando de lado otros nuevos reclamos y lógicamente ello dificulta aún más la negociación salarial. En definitiva, es el fin de la negociación colectiva.
Por otro lado, el proyecto admite la representación de varios sindicatos, con lo cual abre la puerta al sindicalismo amarillo y le da un lugar en las negociaciones. Es un ataque directo a la organización sindical de la clase trabajadora y a la tradición de lucha de los trabajadores uruguayos.
Pero si un botón más le faltaba a esta camisa, la frutilla de la torta de la política del gobierno se consuma con la persecución sindical y el escrache a trabajadores sindicalizados y a organizaciones sindicales. Se fundamenta en una política de terror que intenta instalar el gobierno, y a la vez una política de comunicación.
El núcleo central de estas políticas de persecución, se lo han llevado los sindicatos de la educación, sobre todo haciendo foco en FENAPES; pero no es excluyente de prácticas de este estilo, también se da en otras dependencias dentro del Estado, y también lo viven trabajadores del ámbito privado donde las patronales se ven envalentonadas a perseguir, sancionar y echar trabajadores sindicalizados.
Las propuestas de regimentación de la herramienta sindical, proponiendo intervención directa del MEC, que sondea Cabildo Abierto, forman parte del macro paquete de medidas que impulsa el gobierno, afín de llevar adelante el proyecto que en este contexto pretende el capital.
Con la política económica de ajuste, la aplicación concreta de la LUC y el avance privatizador que en dicha ley se habilita, sumado a aspectos represivos, significan el anunciado apriete en el acelerador post-referendum de estas políticas, que se venían aplicando gradualmente y en pequeñas dosis desde hace años. Ahora hay una política de shock que tiende a profundizarse. En estos dos años que le quedan al gobierno antes de las elecciones pretende apretar el acelerador más a fondo junto a sus socios de la coalición, en políticas relevantes que aún no se habían atrevido a tocar, como lo es la reforma de la seguridad social y la prometida reforma educativa.
La reforma de la seguridad social es un eje central de esta “cruzada neoliberal y antipopular”. Aumentar la edad jubilatoria, y por ende los años de trabajo y aportes, con el argumento de que el BPS está desfinanciado, pone el acento en que dicho organismo se desfinancia por responsabilidad de los trabajadores que se jubilan a los 60 años. “Ahora la esperanza de vida es mayor”, dicen políticos de todos los pelos, que “la tendencia mundial es al aumento de la edad jubilatoria” y otros discursos por el estilo evitan poner el acento en dos puntos nodales del desfinanciamiento del instituto de la seguridad social: el bajo aporte patronal y la Caja Militar. Los patrones aportan el 7,5% por cada trabajador al BPS, cuando el trabajador aporta un 15% de su salario nominal. Esta diferencia se materializó bajo la dictadura militar y se profundizó en el gobierno de Lacalle Herrera, es decir el anterior gobierno del Partido Nacional, del padre del actual presidente.
La Caja Militar cuesta todos los años más de 450 millones de dólares al pueblo uruguayo, para financiar jubilaciones de privilegio de los altos mandos militares. Dicha cifra equivale a más de 9000 viviendas, 200 instituciones educativas nuevas, una importante inyección al presupuesto educativo para acercarse al 6% del PBI, el montaje de varias fábricas o emprendimientos que generen empleo, entre otros. Herencia de la dictadura militar que aún tenemos enquistada en nuestra vida cotidiana, robando los recursos generados por el pueblo para garantizar privilegios de una institución golpista y totalmente innecesaria en nuestro país.
Todos los partidos políticos parlamentarios hacen acuerdo en la necesidad de reformar la seguridad social…a costillas de los trabajadores. Todos acuerdan en aumentar la edad jubilatoria. No se coloca arriba de la mesa la necesidad de eliminar las AFAP y traspasar todos sus fondos al BPS.
Cabe señalar que el BPS renuncia a recaudar, o existen distintos mecanismos que hacen que varias patronales no aporten a la seguridad social o deduzcan parte de dichos aportes. En el año 2020 ello totalizó 150 millones de dólares que los patrones ahorraron, engrosando sus ganancias. Este monto se incrementó en 2021 por las deducciones en el marco de las medidas tomadas por la pandemia. Otro tanto ocurre con diversos impuestos o aportes que las patronales tienen exonerados por gracia estatal.
Otro capítulo de reformas, es la tan mentada reforma educativa, donde la discusión técnica entre un argumento falaz que pretende instalar la visión de lo nocivo de una educación de carácter “enciclopedista” de siglo XX que se imparte en aulas del siglo XXI, y que pretende cuestionar la tarea docente, presenta demasiados vicios. El discurso tan en boga de los “pedagogos” del capital que juegan el partido de las “competencias” contra el “contenidismo”, se encargan de hacer ver como el origen de todos los males en temas de educación, “el hecho de que los docentes en sus aulas enseñan cosas que no le interesan a nadie y que son inaplicables en la vida cotidiana”. E ahí la razón del demonio desatado que justifica una reforma educativa, de un sistema educativo qué según las autoridades de cada coyuntura y han sido diversas, suma ya más de 40 años de crisis educativa, según estos agoreros del “mal docente”.
Ahora, para esos mismos discursos, nunca estuvo arriba de la mesa la situación de los estudiantes y sus familias, que en los barrios de la periferia llegan estudiantes a clase sin la alimentación adecuada; tampoco cuentan con el dinero para pagar boletos, cuando en el mes han superado el tope de boletos gratuitos.
Nada tiene que ver para esas autoridades, la falta de inversión en infraestructura, liceos que se llueven, que no cuentan con laboratorios, sin bibliotecas, sin gimnasios, grupos superpoblados con el fin de ahorrar en infraestructura y salario.
El ataque a la educación pública, viene por el lado de que el capital exige que el rol que deban cumplir los centros de estudio del ámbito público, es fundamentalmente la formación de trabajadores con mínima calificación para desempeñar tareas que requieren un mínimo de conocimiento. En este sentido el desarrollo de la tecnología y las nuevas formas productivas, están desempeñando un papel central en la formación de los futuros trabajadores que pretende el capital.
Por último, esta ronda de Consejos de Salarios que se abre es por demás compleja. Como es lógico, el gobierno no pretende que los trabajadores alcancen la recuperación salarial de lo perdido en estos años, tal como prometió al asumir su mandato. Frente a la inflación solo han planteado adelantar para este año un 2% de recuperación salarial prevista para el 2023, sin modificar los montos globales destinados al salario en el período. Se continúa de esta manera con transferencia de riqueza de los trabajadores a las patronales.
Sin embargo, las patronales se han enriquecido en forma exponencial. El sector exportador (frigoríficos, productores sojeros, empresas vinculadas al tráfico marítimo, etc.), supermercados y grandes superficies, laboratorios, transporte de carga y de pasajeros, entre otros, han visto incrementadas sus ganancias, a pesar de la pandemia. Incluso algunos sectores aprovecharon en gran medida los envíos al seguro de paro para aumentar dichas ganancias y ahora no quieren “repartir la torta”. También lo mismo pasa a nivel de la industria. Lloran como siempre pero no muestran los números de las empresas, porque saben que no pueden ocultar sus ganancias.
Mientras el gobierno mueve fichas en varias canchas, la situación en los barrios, sobre todo de la periferia, tiende a complejizarse.
Las ollas populares que aún se mantienen -y no son pocas- están desbordadas. Han aumentado exponencialmente la cantidad de platos y porciones de comida que se sirven a diario. Como decíamos, mucha gente en situación de calle, familias enteras que dependen de las ollas para comer al menos una vez al día.
La represión, con la policía hostigando permanentemente a quienes más vienen sufriendo la crisis, persiguiendo a adolescentes e incluso, ingresando a los centros de estudios a llevarse esposados a estudiantes de clase. Por si fuera poco, la persecución a organizaciones sociales y clubes de barrio al servicio y abiertos al pueblo e intervención en las hinchadas.
Algunos claros ejemplos: el operativo en el Paladino y en la sede de Progreso buscando papeletas rosadas, previo al plebiscito contra la LUC, luego la prohibición a la hinchada de Peñarol de ingresar con imágenes de detenidos desaparecidos al partido con Boston River, y por último la intervención rastrera del MEC en el club Villa Española, por ser un club abierto al barrio y apegado a las causas del pueblo.
Podrán perseguir, pero no podrán hacer retroceder ni un paso, porque la solidaridad se encarna en los barrios, y también el drama, la angustia, la rabia. La solidaridad es organizada, allí donde no llega el lujo y no derrama nada de lo que el gran capital acumula, el juntarse entre vecinos para paliar el hambre, pero también para discutir, para enfrentar el discurso negacionista del hambre de los de abajo, la política de represión y de los permanentes ataques que sufren los sectores populares con el saqueo y los arrebatos del capital nacional e internacional.
En perspectiva el camino a emprender para enfrentar esta política de ajuste no puede ser de otra manera, que con organización; seguir trabajando no solo a nivel de los barrios, sino también a nivel sindical, el espacio de los trabajadores organizados. Marcar y disputar una forma distinta de organizar a los trabajadores y al conjunto de los y las de abajo, que no especula con tiempos electoreros, porque no son los tiempos de las clases oprimidas. Esa tarea debe ser emprendida desde las más diversas maneras, coordinando con sindicatos de corte clasista, que se orientan centralmente con independencia de clase, en la búsqueda de torcer el brazo de sectores reformistas que centran el objetivo en un cambio de gobierno, como si en la disputa de fuerzas políticas ajenas a los oprimidos, se jugara el partido de nuestra clase.
Nuestros intereses como clase, lejos están de los que puedan perseguir cualquier aspirante al gobierno; para poder enfrentar esa forma de hacer sindicalismo y que concibe a todas las organizaciones sociales como furgón de cola de un partido político o útiles a un proyecto electoral, es necesario avanzar en todos aquellos lugares donde haya espacio de dar un paso en favor de nuestra concepción. Ya sea en la tarea de conquistar direcciones sindicales, reconstruyendo el trabajo de tendencia en el movimiento sindical, avanzar con militancia todo lo que se pueda a nivel de base, organizando todo lo que haya para organizar en distintos espacios sociales; es el fundamento para dar pelea y poder enfrentar la avanzada, con perspectiva de una construcción popular, colectiva, de un pueblo fuerte. Es la única receta potente, propia, construida por la propia clase, para enfrentar el ajuste con un plan de lucha, movilizados y en la calle.
El paro del 7 de julio es parte de la necesidad de desarrollar ese plan que ponga al conjunto del pueblo organizado donde tiene que estar y marcando sus propios tiempos y ritmos a la lucha.
A modo de cierre, saludamos la heroica lucha de los pueblos del Ecuador que han puesto en jaque al gobierno neoliberal de Lasso con una plataforma de 10 puntos reivindicativos de carácter popular. Por más que los grandes medios no lo muestren, esa lucha existe -y al momento de escribir esta carta-, el movimiento popular ecuatoriano se moviliza hacia la ciudad de Quito.
POR LA CONSTRUCCIÓN DE PODER POPULAR
¡¡ARRIBA LOS Y LAS QUE LUCHAN!!
FEDERACIÓN ANARQUISTA URUGUAYA
