Director del Gabinete de Formación de CGT
“El mercado laboral del estado español, salta por los aires y las personas asalariadas asisten a un ciclo de precariedad, pobreza y ausencia de derechos”
La crisis económica del capitalismo, asociada a la pandemia y a las restricciones de la actividad, la movilidad y la ruptura de las cadenas de producción se ha llevado por delante más de 48.000 empresas y casi 440.000 puestos de trabajo, según indican las Estadísticas de Empresas inscritas en la Seguridad Social, es decir, lo formal o regulado, estimándose en más de un millón los empleos destruidos en la economía informal.
La estadística ofrece dos lecturas a priori, la primera, que el descomunal impacto del primer año de la pandemia ha arrasado el 3,6% del tejido productivo y el 3,1% del empleo asalariado y, a la vez, el paradójico comportamiento de un sistema económico tan frágil, basado en un modelo de división social del trabajo por parte de la ordoliberal U€ para los países del Sur, la economía de servicios[1], como para perder 85.000 unidades en tan solo dos semanas y, a la vez, que se necesitan más de ocho meses, para tan solo recuperar la mitad de lo destruido.
El comercio del que han desaparecido 81.518 puestos de trabajo al cerrar 8.316 empresas, y el transporte donde el retroceso alcanza a algo más de 5.000 sociedades que suponen casi el 8% del total y con las que se han esfumado cerca de 22.000 empleos.
Estos sectores (hostelería, comercio, bares, restaurantes, servicios de alojamiento, transportes-logística) junto con los relacionados con el ocio, como las actividades recreativas y culturales, han supuesto tal caída de las rentas, que ha destrozando las economías familiares: más del 40% de los hogares carece de capacidad de ahorrar y casi la cuarta parte se ha visto obligada a tirar de ahorros, lo que significa que casi dos tercios de las familias no llega a fin de mes en un panorama en el que la mitad de ellas ha visto reducirse sus ingresos.
Los datos del Servicio Público de Empleo (SEPE) al mes de febrero del 2021, relativos a la evolución del empleo, la afiliación a la Seguridad Social, los ERTE y el paro, muestran una destrucción de empleo de 750.000 más que justo un año anterior (febrero del 2020), a la vez que se encuentran acogidas a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo casi un millón de personas trabajadoras y unos 600.000 autónomos en suspensión de actividad, no es, ni mucho menos, como consecuencia de la pandemia del COVID (la cual explica el aumento del paro en hostelería, hoteles y servicios ligados al “monocultivo” del turismo), sino que es consecuencia directa de las “leyes del mercado” que la clase política (todos los gobiernos) impuso en el modelo de relaciones laborales basado en la flexibilidad, el fraude en la contratación, la licencia para despedir “porque sí” al empresariado y la apuesta única de “garantizar el negocio empresarial” revestido de retórica huera de “salvar la economía”.
El paro se ceba especialmente con las mujeres, a la vez que se amplía la brecha salarial: Las trabajadoras desempleadas crecieron más del doble que los hombres hasta alcanzar un total de 2.304.779, pero no explica el porqué de esta discriminación atávica, que no es otra que la feminización de los puestos de trabajo en el sector servicios (hostelería, hoteles, cuidados, etc.), donde la precariedad laboral, tanto en las contrataciones como en los derechos salariales y laborales, es la norma.
Este sector (servicios) ha venido siendo desregulado, es decir, sujeto a las leyes del mercado únicamente, desde los años 90 del siglo pasado, generando de manera estructural un empleo precario, volátil, vulnerable, donde su trabajo, en una proporción de casi el 50%, es fraudulento, bien porque no son reconocidas como trabajadoras directas (caso de Las Kelys) sino de contratas y subcontratas, las cuales trabajan a precios por habitación de “mera oferta y demanda”, bien porque prestan servicios en plataformas digitales, donde su “laborosidad” es una quimera, y en general porque casi todas sus contrataciones son temporales.
Las cadenas de valor (del capitalismo), se interrumpen
La actividad productiva y comercial de la economía española sufrió en el primer año de la pandemia una contracción de 124.781 millones de euros para caer a 1.119.976, según los datos de Contabilidad Nacional INE (Instituto Nacional de Estadística), que reflejan un cortocircuito de magnitud desconocida en tiempos de paz.
Los tres sistemas de medida que se utilizan para calibrar el PIB reflejan contracciones similares, de una horquilla de dos puntos: del 9,1% si se atiende a la variación interanual, del 10% a precios corrientes (la más utilizada) y del 11% en términos de volumen lo que viene a significar que el estado español ha retrocedido cuatro años en nueve meses, para volver a registros de actividad ligeramente superiores a los de 2016, o de 2008, y certifica la gran “depresión” y el final de seis años de crecimiento ininterrumpidos.
La magnitud de ese vertiginoso desplome por el parón de la actividad por la pandemia y por las restricciones aplicadas para afrontarla desde mediados de marzo 2020, tanto en España como en el resto del planeta, es mayor que el acumulado en los cinco primeros años de la ‘gran recesión’ que siguió al estallido de la burbuja inmobiliaria y a la crisis financiera internacional de 2008 y supera la mitad de la registrada en el primer año de la guerra civil de 1936.
Las estimaciones del Banco de España, así como de la Comisión Europea, apuntan a que la economía española habrá recuperado los 19,8 millones de ocupados a finales de 2023 y a que la media de 628 millones de horas trabajadas habrán superado los 630, aunque esa previsión incluye una etapa dura con fuertes pérdidas de empleo en el 2020 y el próximo, es decir en este 2021, pudiendo llegar a cuotas dramáticas si los ERTE (suspensiones temporales de empleo) al final se convierten en ERE, es decir despidos colectivos, a partir del segundo semestre del presente año, colocándonos en el escenario más probable y que situaría la tasa de paro en más del 20%, cuyos registros retrotraerían al estado español a los de comienzos de la anterior crisis-estafa, entre 2010 y 2011, cuando se alcanzo la dramática cifra de más de 6 millones de personas paradas.
Este escenario de incertidumbres tiene un componente angustioso para las más de 1.000.000 de personas desempleadas que a febrero 2021, ya llevan más de dos años buscando un empleo, y que son más de la quinta parte del total, y para los más de 500.000 hogares en los que la totalidad de los miembros activos está en el paro.
La política no desarrolla programas de recuperación de la economía de las personas, es decir de justicia social.
La clase política, que “trabaja”, no por el bien común ni el interés general, desde los años 80, cada vez que hay una crisis del capitalismo (le llaman crisis de su economía), sea ésta denominada económica, financiera, energética, climática o como ahora, sanitaria, recurren a legislaciones especiales casi en exclusiva basadas en la reformas del mercado de trabajo y en el robo salarial (devaluaciones) y sus formulas siempre son las mismas: precarización de los contratos, despidos masivos y expropiación de salarios directos e indirectos, para aumentar el excedente bruto de explotación, es decir las rentas empresariales y financieras.
Ahora vuelve a aparecer el mismo discurso en la clase empresarial y la política: hay que recuperar la economía (aquí en términos patrios solo tenemos una economía la de servicios) y dicha recuperación parece se asienta sobre las mismas “patologías”: la precariedad, la temporalidad y parcialidad de los contratos, que afectan sobre todo a las mujeres y a los jóvenes, el trabajo gratuito (millones de horas extras sin remunerar ni pagar los impuestos) y ayudas directas al empresariado: 11.000 millones para el sector servicios, turismo y todas las actividades ligadas al mismo y parece que la mayoría de los 140.000 millones de la U€, irán a los grandes tinglados energéticos, como IBERDROLA, ENDESA, REPSOL y las constructoras e inmobiliarias…
Aumentan las colas del hambre y el ingreso mínimo vital (IMV) ni tan siquiera llega a quienes habían prefijado y no da ni para comida… la crisis social requiere de justicia social y, hoy y ayer, las personas trabajadoras necesitamos una renta básica que garantice una vida digna y necesitamos que se dedique el “dinero” a la economía de lo común no a la cuenta de resultados de empresarios de todo tipo, que solo defienden “su economía”, sobre nuestra precariedad, pobreza y explotación.
Desiderio Martin Corral
Director del Gabinete de Formación de CGT
[1] Dentro del sector servicios, la hostelería en tan solo un año, de febrero 2020 a febrero 2021, ha perdido algo más de la octava parte de las empresas (22.474, 12,9%) que operaban en ella, básicamente bares, restaurantes y servicios de alojamiento, con cuyo cierre se ha esfumado casi la cuarta parte del empleo (313.783, 24,7%), en las categorías laborales de camareros y camareras, cocineros y cocineras, as í como personal de limpieza y recepción. Este sector es el que concentra más del 50% de fraude laboral, tanto en sus contratos como en sus condiciones de trabajo.
