Bolivia se rebela una vez más. Todas sus calles, de todos sus pueblos acumulan rabia, bronca, muertes, pero también lucha y organización.
Luego de la pelea contra la privatización del agua, nuevamente miles de bolivianos volvieron a copar las principales ciudades del país. La guerra del agua continuó con la guerra del gas.
Qué pasa en Bolivia.
Bolivia es el país con más pobreza y miseria de Sudamérica, y el segundo de toda América detrás de Nicaragua. Más de 20% de su población está desnutrida, como en algunas zonas de Centroamérica. Aunque desde 1999 el PBI viene creciendo apenas, sigue sin sacar al país de su crisis. Las privatizaciones no crearon riqueza para los bolivianos ni una mejor distribución.
El presidente boliviano que renunció es un fiel exponente del neoliberalismo en América Latina. En su anterior gobierno (1993-97) privatizó teléfonos, trenes y, entre otros activos, la petrolera estatal YPFB en favor de la estadounidense Amoco y un consorcio argentino, en tanto Enron de EE.UU. Shell se alzaron con los gasoductos.
Todo eso se presentó, como un boom de inversiones extranjeras. Y en esos años el PBI boliviano creció a casi 5% anual. Pero el pueblo no mejoró: la quinta parte más pobre del país siguió recibiendo un 4% del ingreso nacional; el quinto más rico, 55%.
El FMI, al revisar el acuerdo crediticio que tiene con el país andino, reconoció en julio que una razón del freno en el «crecimiento» económico desde 1999, fue «el programa de erradicación de cultivos de coca», una política del lado de la oferta que impulsa EEUU. sin hacer demasiado por frenar la demanda, y que resisten los cocaleros, un actor social importante de la rebelión actual.
Lo que proponía el gobierno saliente era exportar gas natural, una gran riqueza boliviana, por puertos de Chile, justo el país que en la guerra del salitre de 1879 le quitó a Bolivia la salida al mar. Mucha gente entendió que se repetía la historia comenzada por el imperialismo español.
Bolivia rebelde…
Desde 1985, año que se instaura en el país el modelo de libre mercado, se han producido más de 250 muertes en conflictos sociales, más de seis mil heridos y más de 10 mil personas detenidas indebidamente.
En Cochabamba, el epicentro de las protestas, un cabildo abierto de más de 40 mil personas determinó ir hacia la huelga general indefinida, el bloqueo de caminos y la resistencia civil si hasta el 19 de octubre sus demandas no eran atendidas.
«Éste es el inicio de la guerra por el gas. Los bolivianos estamos jurando recuperar nuestro gas», aseguró el máximo dirigente de la COB (Central Obrera Boliviana), Jaime Solares, a poco de concluir la concentración popular en la que predominaban consignas contra Sánchez de Lozada, y las transnacionales.
Si bien las luchas campesinas y cocaleras en Bolivia se vienen dando hace ya tiempo, y más de una vez han sido noticia, el actual proceso insurreccional puede rastrearse desde mediados del pasado mes de setiembre. Los campesinos indígenas aymaras de la zona de Yungas (al norte de La Paz), bajo la referencia del dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y cacique indígena, Felipe Quispe, comenzaron con una huelga de hambre y cortes de rutas en reclamo del cumplimiento de un acuerdo firmado entre ellos y el fallecido Hugo Banzer (que constaba de 72 puntos), en el año 2000. Los reclamos principales referían a: obtener tierras fiscales para usufructo de las comunidades indígenas; mecanizar la agricultura a través de tractores; liberar luchadores sociales en prisión; oponerse al avance del ALCA y a la exportación del gas natural por Chile hacia EE.UU. y México. A los 5 días del corte, el gobierno decidió desbloquear una ruta cortada con el objetivo de rescatar a 2000 turistas que no podían regresar a la capital (entre ellos, 70 extranjeros). Esta acción represiva, ordenada por Sánchez de Lozada y ejecutada por el ejército, fue realizada en la zona de Warisata (a 100 Km. al norte de La Paz) y provocó la muerte de 6 indígenas (una mujer y una niña de 8 años entre ellos) y un soldado. El domingo 21 de setiembre, una pueblada en la misma Warisata incendió edificios en repudio de la represión. Al mismo tiempo pero en Cochabamba (en el centro-sur del país, a 400 Km. de La Paz), el diputado por el MAS (Movimiento al Socialismo) y dirigente cocalero Evo Morales marchó junto a 15.000 personas en contra de la venta del gas natural.
Las fuerzas combinadas del Ejército y la policía abrieron fuego contra los campesinos, estudiantes y maestros de la Escuela Normal rural de Warisata, que estaban bloqueando los caminos del Altiplano, reclamando la libertad de un dirigente campesino, en oposición al millonario proyecto. Desde aquí la historia no sería la misma.
La insurrección boliviana llevó casi un mes de luchas campesinas, cocaleras, mineras, sindicales, y de la sociedad toda contra lo que fue el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Las muertes y posterior pueblada de Warisata hicieron nacer el término de «guerra del gas» para definir a los enfrentamientos entre sectores manifestantes y el gobierno de Sánchez de Lozada. Si bien el reclamo por el gas figuraba en la lista de los campesinos aymaras de Yungas, éste no era el principal móvil de protesta. Sin embargo, la polémica sobre la venta de este recurso natural ganó el centro de la escena, soslayando incluso a los demás reclamos por los que los cortes habían comenzado. La dinámica ascendente de la «guerra del gas» generó la entrada de otros sectores al conflicto, como la Central Obrera Boliviana (COB) que agrupa a los sindicatos, que salió a apoyar las luchas campesinas y a reclamar la renuncia de Sánchez de Lozada. Hacia fines de setiembre el gobierno todavía confiaba en que podía controlar la situación, pero días después todo cambiaría.
La guerra del gas.
Pero aquí no debemos desconocer que la guerra del gas no es por sí sola argumento para revocar a un presidente, lo que este reclamo permitió es plantear el fracaso del modelo y de un gobierno que lo aplica sin tener en cuenta el crimen social que produce.
Lo que está en juego es la segunda reserva de gas natural de Sudamérica (después de Venezuela) y para los inversores extranjeros las ganancias se calculaban en miles de millones: Edward Miller, presidente de British Gas, dijo que los ingresos previstos serían superiores a los 1.396 millones de dólares al año para la multinacional, mientras el Estado boliviano solamente recibiría alrededor de 80 millones de dólares anuales. Para nuestros conocidos de Repsol-YPF, la inversión estaba catalogada como la más ambiciosa de los próximos años en toda Latino-América.
Regalar el gas a los «gringos» (de Bolivia y de afuera) fue el catalizador de las luchas por un nuevo modelo económico como mínimo, y esto es más importante que el gas en sí. Desde allí, muchos sectores, viendo la debilidad del gobierno, han podido extender sus propuestas de salida a esta crisis. Y en esto, otra vez, el arco opositor aparece fragmentado y planteando salidas diferentes.
América Insurgente…
América del Sur ha experimentado en carne propia toda la crudeza del modelo neoliberal ideado por EEUU y aplicado por los partidos políticos-filiales en el continente desde hace 30 años. No por nada en los últimos años muchos países dentro de la región han ensayado salidas a este modelo desgastado que se ha ido quedando sin base de apoyo: en Argentina y Perú se generaron insurrecciones populares, con resultados diferentes. Brasil probó con el PT; Venezuela con el proceso chavista; y ahora Bolivia está intentando una salida, sangrienta y sufrida.
Bolivia no es Argentina.
Es necesario destacar que Bolivia no asiste a un proceso análogo al 19 y 20 argentino. Es cierto que se pueden encontrar elementos comunes o muy similares: gobierno aislado y fractura en la coalición de gobierno, funcionarios que renuncian, movilización popular incontrolable para las fuerzas de seguridad, represión, crisis del modelo dominante, un detonante para hacer estallar un proceso de acumulación agotado: aquí, el corralito, allá, la venta del gas. Pero hay que ver las grandes diferencias entre una insurrección y otra, que grafican dos procesos de luchas sin analogía posible: la cuestión racial en Bolivia tiene mucho peso discursivo e ideológico: se resume en la antinomia de gringos contra indios, los que dominan frente a los dominados de siempre; las luchas actuales en el Altiplano son timoneadas por organizaciones obreras y campesinas estructuradas, con programas de acción definidos y con líderes visibles y mediáticos: Evo Morales y Felipe Quispe.
¿Quién va a gobernar Bolivia?.
El nuevo Presidente de Bolivia, Carlos Mesa Gisbert, era, hasta hace poco, un declarado «gonista», un ferviente admirador de Gonzalo Sánchez de Lozada. Admiraba su inteligencia, su destreza política, su capacidad para inventar y recrear políticas neoliberales. Hoy, debe administrar el desastre que ha dejado el millonario ex presidente.
Carlos Mesa, antes de candidatearse a la Vicepresidencia, era un líder de opinión y presentador de noticias en PAT, su canal de televisión.
Luego de la caída de Sánchez de Lozada, aparece en la encrucijada de la insurrección popular el «¿quién gobernará Bolivia?»
Mesa será el presidente que asumirá hasta el final del mandato, que será en el 2007. Aquí se concentrarán los esfuerzos de la burguesía boliviana y la pro-imperialista para expropiar al pueblo sus conquistas, y abortar la insurrección a través del diálogo y una tregua en la entrega del país. Del otro lado, los líderes opositores tienen el objetivo de llegar a la presidencia y no lo ocultan: Evo Morales estuvo muy cerca el año pasado, cuando perdió por 45.000 votos frente a Sánchez de Lozada; Felipe Quispe reclama un gobierno indígena aymara con él a la cabeza después de tantos años de dominación «gringa». El programa de gobierno del MAS de Evo Morales expone la salida del neoliberalismo y su reemplazo por un capitalismo redistributivo, que integre a los indígenas al reparto y considere a las comunidades ancestrales como sujetos sociales. Morales no es bien visto ni por la burguesía boliviana ni por EE.UU., ya que Evo defiende el cultivo de la coca ante la campaña yanqui de reemplazo de cultivos. Felipe Quispe, por su parte, proviene de la guerrilla boliviana de los 90, y su Movimiento Indigenista Pachacuti (MIP) quiere la vuelta a la propiedad comunal de la tierra y la nacionalización de los recursos, en la idea de volver al modelo de organización social incaico que los «grin-gos» españoles destruyeron al conquistarlos. Si Morales es temido, Quispe lo es muchísimo más. Sus argumentos étnicos e históricos hacen de basamento a la idea de un socialismo en Bolivia, bajo gobierno indígena. Y para esto el MIP expone la lucha armada como recurso para llegar a alcanzarlo.
El Cabildo abierto de la Central Obrera Boliviana (COB), el poder de la calle, el otro poder, ya ha dicho su palabra y ha ordenado al nuevo presidente lo que debe hacer: «No exportar gas ni por Chile ni por Perú, industrializarlo en Bolivia y recuperar el gas y el petróleo para los bolivianos».
Si no cumple con estas demandas, una Asamblea Popular, autoconvocada y conformada por representantes laborales, sindicales y populares asumirá la tarea de arrebatar el gas y el petróleo de manos de las transnacionales, dice el líder de la COB, el minero Jaime Solares. El grito y los palos de la ululante multitud confirman la advertencia.
La certeza es que la sublevación popular ha derribado a pedradas y palo a Sánchez de Lozada, pero aún no ha logrado nada sobre el gas, el petróleo, la tierra y territorio, la coca y otras demandas sociales que van orientadas a destruir al neoliberalismo.
Y eso también lo saben los parlamentarios que eligen hoy al nuevo Presidente, aunque, en verdad, muy pocos piensan que durará tanto. El mismo Congreso está acorralado, prisionero, en medio de un combate mortal entre el pueblo insurrecto, organizado, que tiene al frente al otro poder real sustentado en los grandes intereses de las transnacionales del gas y del petróleo, en los intereses norteamericanos, defendidos hasta ahora por la metralla y los tanques del Ejército.
En Bolivia, a un mes de iniciada la guerra del gas, la sublevación civil, la gigantesca rebelión de los pobres, sólo ha escrito la primera página de su historia. En los próximos meses se marcará qué tendencia será la dominante en el proceso de salida de la crisis. Habría que observar cuál es la dinámica que toman las luchas en El Alto y La Paz, que parecen ser los centros insurreccionales más importantes. Por otro lado, la postura del ejército desde la caída de Sánchez de Lozada es un tema clave. Quispe, llamó a los indígenas aymaras alistados en el ejército a que no maten a sus hermanos, sino que se rebelen contra los «gringos», que ocupan los cargos de mando en el cuerpo castrense. Habrá que ver cuánto éxito tendrán las tentativas de la burguesía de encausar la insurrección por caminos institucionales, ya sea llamado a elecciones, tregua del gobierno con plebiscito por el tema del gas (que a Sánchez de Lozada se lo rechazaron), o cualquier otro artilugio. El hartazgo con el modelo neoliberal y con el gobierno que lo defiende ha puesto sobre el tapete las alternativas para su reemplazo. Se abre una situación con final abierto. Un final abierto que sea cual sea el resultado, marcará por mucho tiempo la historia boliviana y latinoamericana.
Extracto de lo publicado en Mate Cosido (enviado por AUCA).
