A fines de este mes se desarrollará un nuevo referéndum, esta vez contra parte de la Ley de Urgente Consideración. De una ley que contiene 476 artículos, solo se impugnarán 135, debido a los acuerdos políticos a los que se llegó con el Frente Amplio por parte de las organizaciones sociales que empujaron la iniciativa. Es un intento de derogación parcial de tan nefasta y antipopular ley.
Convengamos que el Frente Amplio votó más del 50% de la norma, es decir, dio su aval a gran cantidad de artículos y capítulos antipopulares. En esta instancia se intentarán eliminar casi en su totalidad el capítulo represivo, los artículos que afectan a las empresas estatales, los referidos a vivienda, educación, entre otros. Pero quedan en la norma los referidos a la reforma de la seguridad social, por ejemplo.
La concepción ideológica que anima esta Ley de Urgente Consideración es profundamente neoliberal y represiva. Son dos “patas” de la misma concepción de sociedad, ya que aplicando una política neoliberal y pro “libre mercado” en lo económico, los efectos sociales que ello genera y las protestas que seguramente generará, el gobierno necesitará reprimir ese descontento. Por ello, varios artículos refieren a las movilizaciones, cortes de calle, rutas o acceso a empresas.
Debe reconocerse que muchos de los contenidos de la LUC no son nuevos, ni cayeron en “paracaídas” en la realidad nacional. Además de los intentos privatizadores de los ’90 y 2000, mayormente frenados por diversos plebiscitos, muchos de los artículos que contiene la ley ya estaban en funcionamiento o no revisten mayores diferencias con normativas existentes. El “código de procedimiento policial” de Bonomi, por ejemplo, ya contenía buena parte de lo que hoy la LUC consagra con fuerza de ley. Sí, claro, se le da rango legal a mucha normativa que era de segundo orden jurídico, aunque ya regía la operativa policial, en este caso. Por otro lado, la tecnificación policial para la represión que hizo el FA, no tiene precedentes.
El asunto es que para “apretar el acelerador” con estas políticas, el FA la iba a tener difícil. Por eso el triunfo de la derecha en lo electoral, y ello permite a las clases dominantes y sectores reaccionarios avanzar fuertemente sobre derechos y políticas sociales.
La LUC fue aprobada en los inicios de la pandemia, sin debate público y solo se permitió la “transa política”. El primer borrador, que era el proyecto máximo del Partido Nacional, fue modificado en casi todos sus capítulos, menos el represivo. Allí está el corazón de la LUC, lo que era de interés de Jorge Larrañaga particularmente, donde incluso fueron incorporados en la ley varios aspectos que estaban contenidos en el proyecto “vivir sin miedo” rechazado en 2019 en un plebiscito.
Por otra parte, la LUC ya se ha puesto en funcionamiento y están a la vista sus consecuencias. En primer lugar, podemos señalar el alza de los combustibles. Los ajustes mensuales han sido lógicamente al alza, y ha sido uno de los productos que más se han encarecido en estos últimos meses, afectando todos los precios de la economía local. Una suba mensual de los combustibles en el mediano plazo no solo va a encarecer todos los productos que consume la población, va a generar una fuerte incertidumbre y malestar en la población.
Con esta medida, preparan la importación de combustibles ya refinados, cerrando en los hechos la Refinería de La Teja, prácticamente la única industria pesada del país y con ello cancelando la posibilidad de generación de recursos y riqueza para usufructo social y la consiguiente pérdida de puestos de trabajo en el rubro.
También la LUC se ha puesto en práctica en materia represiva y anti obrera. A fines del año pasado, en una medida sindical de los trabajadores del transporte interdepartamental, la policía reprimió con balas de goma el intento de bloqueo de la salida de ómnibus de la Terminal de Tres Cruces. Hay que remontarse algunas décadas para encontrar un conflicto obrero reprimido con balas de goma; si bien el hecho no pasó a mayores, salvo las heridas en la pierna de al menos, un compañero. También la represión a los trabajadores del transporte carretero (camioneros), que se manifestaban frente al Puerto de Montevideo. Se pudo ver por los medios de comunicación la detención de una veintena de trabajadores en forma violenta, evitada por la presencia de toda la Mesa Representativa del PITCNT en el lugar, ya que dicho organismo se encontraba reunido en ese momento.
Los despliegues policiales ante cada ocupación de un centro de trabajo (por ahora de la enseñanza pública) también han sido grandes. Cierto que para esto no precisan la LUC, pero utilizan el marco legal que esta norma les habilita para intervenir en favor del Estado y las patronales en los conflictos laborales.
También han aumentado los patrullajes en los barrios, detenciones de personas a los golpes, y en estas últimas semanas la policía ha detenido y hostigado a los militantes en contra de la LUC en diferentes puntos del país. La policía siempre ha sido un aparato de represión al servicio de los de arriba, ilusos de aquellos que creen que se puede reformar de algún modo o ganar a sus miembros para posiciones populares.
Es claro que de aprobarse la LUC en el referéndum el gobierno tendrá carta libre para aplicar a su gusto la represión, privatizaciones, desalojos exprés de domicilios, aumentar aún más el autoritarismo en la enseñanza, y una larga lista de medidas antipopulares. Pero la lucha contra la LUC no termina con que se apruebe la “rosada” en marzo, sino que debe continuarse y profundizarse. Estas mismas medidas contenidas en la LUC pueden aplicarse de otro modo, vía decreto o leyes aparte sobre temas específicos, incluso ya existe buena parte de la reglamentación que, por ejemplo, a la policía le permite operar sin problemas.
Tengamos en claro que el contenido de la Ley de Urgente Consideración es ni más ni menos el conjunto de medidas que el sistema capitalista necesita aplicar en Uruguay en esta etapa. Es lo que exigen los capitales y burguesías multinacionales y nacionales también para este momento histórico. Son las medidas que los de arriba necesitan para aumentar sus ganancias y dominio sobre las clases populares. Cualquier gobierno podría aplicarlas de un modo u otro ya que, si quiere gobernar, lo hará en consonancia o dejando tranquilos a los de arriba. En realidad, gobernará para los de arriba. Lo único que puede estar en disputa o en debate dentro del sistema político burgués es el grado, hasta dónde aplicar estas medidas o este tipo de medidas. Hay matices, pero no diferencias en lo fundamental, por algo el FA votó más del 50% de la LUC, como ya lo dijimos.
Pero, además después de marzo, el gobierno tomará decisiones. Si se mantiene la LUC tal cual está aprobada, aplicará seguramente una “aplanadora” de medidas antipopulares. Y si se derogan los 135 artículos de la LUC, puede haber un efecto revancha donde, por ejemplo, se descarguen en los precios de las tarifas, combustibles y productos de consumo general, un fuerte aumento de los mismos.
Las especulaciones políticas de siempre
Lamentablemente esta campaña se ha teñido de ribetes partidarios. El FA no solo limitó la impugnación de la ley a 135 artículos, sino que además condiciona la campaña, enfocando la misma hacia las elecciones del 2024. Sus figuras más relevantes participan de los actos públicos organizados por la Comisión Nacional y de hecho se plantea este referéndum como un “plebiscito al gobierno”.
Estas especulaciones políticas mezquinas no solo no ayudan en esta lucha contra la LUC, sino que “entreveran las barajas” más aún de lo que ya estaban. Que el FA vuelva al gobierno no será la panacea para los de abajo ni tampoco garantía de que se reviertan medidas tan nefastas. Supongamos por un momento que la LUC no llegara a derogarse y el FA gana las elecciones en 2024: ¿el gobierno del FA derogará la LUC o estos 135 artículos? ¿O gobernará “dentro de la ley” como señaló Tabaré Vázquez en 2005 para sostener que se iba a mantener la ley de impunidad?
Es que prima en sus filas, principalmente en sus “cuadros dirigentes”, la concepción de que el trabajo de desgaste al gobierno la haga el movimiento social, los sindicatos, las cooperativas de vivienda, los gremios estudiantiles, etc., que sea el movimiento popular el que les allane el camino para llegar otra vez al gobierno en 2024.
Por supuesto, todo ello inmerso en un pobrísimo debate político, donde para el “progresismo” el horizonte máximo es el posibilismo, es decir, lo posible dentro de este sistema social y que no incomode a los de arriba ni tampoco a la derecha.
La necesaria independencia de clase
Es por ello, que el campo popular debe practicar y defender a diario la independencia de clase de toda organización política, estatal, patronal o religiosa, para actuar de acuerdo a sus intereses y su propia estrategia. Ha sido más que saludable que los sindicatos salieran por su lado explicando la LUC, al menos en los artículos que los atañen. El movimiento popular no es ni debe ser furgón de cola de nadie ni mano de obra barata de nadie. Es el verdadero protagonista de las luchas populares y es el que ha frenado en la calle el avance de las más nefastas políticas neoliberales que se han querido imponer en el país. Han sido las organizaciones populares las que han conquistado todos los derechos que gozamos.
Solo con independencia de clase el movimiento popular podrá enfrentar las diferentes maniobras de los arriba y del sistema político para retacear derechos, recortar el salario, permitir que los de arriba sean cada vez más ricos en base al esfuerzo de los trabajadores, y trazarse una perspectiva propia de cambio y transformación social.
Perspectivas
Por ello, esto no termina en marzo. Se gane o se pierda el referéndum, la lucha contra la LUC y las políticas antipopulares de los arriba continúa. Sin dudas que anular parcialmente la norma es una señal política para la derecha y los de arriba, pero la lucha no se termina allí, y obviamente los de arriba y sus representantes más reaccionarios pondrán en funcionamiento nuevas estrategias y mecanismos para aplicar sus políticas. Como dijimos más arriba, pueden hasta querer tomar revancha con varias medidas antipopulares, o tal vez ello frene algunos otros proyectos nefastos que andan en danza como la reforma de la Seguridad Social, tema en el que existe consenso político para aumentar la edad jubilatoria.
También existe consenso político para no tocar la Caja Militar y continuar volcando más de 500 millones de dólares al año, fruto del esfuerzo del pueblo trabajador para pagar las jubilaciones de generales, coroneles y toda la ex plana mayor de ese aparato de muerte que son las Fuerzas Armadas.
No hay que perder de vista que esto sigue, que las fuerzas reaccionarias siguen operando tranquilamente, que tienen impunidad para promover un proyecto de ley que permite liberar a lo que ellos llaman “presos políticos”, y que no son más que asesinos y torturadores.
Por lo tanto, la lucha continúa y creemos que la militancia debe impulsar el fortalecimiento de las organizaciones populares, convocar a la participación de la gente y garantizarla, movilizar ante cada injusticia y por reivindicaciones sentidas, juntando a los de abajo en un Frente de Clases Oprimidas que ponga proa a una sociedad diferente.
Como lo hemos visto en estos últimos años en nuestro continente: son tiempos de pueblos en la calle.
CONTRA LA LUC Y EL AVANCE DE LA DERECHA
CONSTRUIR PODER POPULAR
¡ARRIBA LOS/AS QUE LUCHAN!
FEDERACIÓN ANARQUISTA URUGUAYA