El referéndum y la nueva ley.
El proyecto de nueva Ley de Hidrocarburos se orienta a viabilizar de inmediato las exportaciones de gas y no deja margen para la nacionalización, demandada por los sectores sociales y populares.
Mesa abre la batalla del gas en el Congreso.
En un mensaje a la nación, Mesa entregó el proyecto trabajado por expertos internacionales y funcionarios del Banco Mundial, que adecuaron los resultados del referéndum en 30 artículos, que deben ser analizados y evaluados por el Parlamento Nacional, donde se enfrentarán quienes buscan que las petroleras paguen más impuestos y quienes intentan preservar todos sus beneficios y prerrogativas. Este debate estará sujeto a la presión callejera que las organizaciones sociales y sindicales realizarán desde afuera en pos de la nacionalización de las reservas de gas y petróleo de Bolivia, la segunda en importancia de Sudamérica.
Mesa explicó que el proyecto de ley que enviará al Congreso recoge los resultados del referéndum, como la abrogación de la Ley 1689 del 30 de abril de 1996.
El proyecto también incluye la «recuperación de la propiedad de los hidrocarburos para el Estado en boca de pozo», lo que no se traduce, sin embargo, en una nacionalización ni en la expropiación de reservas ni bienes que poseen las transnacionales.
El Presidente aseguró que se mantendrá la seguridad jurídica para las petroleras y se respetará la fe del Estado en el cumplimiento de los contratos.
En torno a la refundación de la estatal petrolera de YPFB, Mesa dijo que se crearán dos unidades, que serán YPFB Autárquico y YPFB SAM, con control del Estado. La primera, de un carácter más administrativo, y la otra con posibilidades para incursionar en el ámbito productivo, aunque en muy pequeña escala por carecer de capital y recursos financieros significativos.
Mesa dijo que por una parte estará YPFB autárquico con la potestad de la firma de contratos internacionales y nacionales y el control global sobre el tema de los hidrocarburos en forma conceptual.
Un artículo de Andrés Soliz Rada nos dirá:
“La Ley de Hidrocarburos 1689, de 30 de abril de 1996, dictada por Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL), continúa vigente después del referéndum del 18 de julio pasado, pese a que la pregunta uno de la consulta pidió al país que se pronunciara por su abrogación, lo que fue respondido de manera afirmativa.
Sucede que una ley está vigente hasta que no sea reemplazada por una nueva, lo que, al parecer, tardará varios meses en suceder. En consecuencia, el Presidente Carlos Mesa, basado en la Ley de GSL y en el referéndum, ha autorizado a Repsol, filial Bolivia, a ampliar la venta de 4 millones a 6.5 millones de metros cúbicos diarios de gas a Repsol, filial Argentina, prolongando por otro medio año un contrato que debería concluir en octubre próximo y suscrito con el pretexto de solidaridad con el pueblo argentino.
Si Mesa obrara con honestidad congelaría las ventas de gas a la Argentina hasta que el Parlamento apruebe una norma legal que incremente impuestos, garantice la industrialización interna, controle realmente el pago de impuestos y refunde YPFB. El Jefe de Estado, en lugar de cumplir sus ofrecimientos anunció que, a partir del 2006, ampliará las ventas de gas a la Argentina a 25 millones de metros cúbicos día, equiparando los volúmenes de 30 millones de metros cúbicos contratados con Brasil…
Lo que se pretende es que el miserable precio de 0.98 rija para futuros contratos de venta a Brasil, Paraguay y Uruguay y, lo que es peor, a México y Estados Unidos, para lo cual debe construirse un gasoducto de 650 kilómetros que atraviese la Cordillera de los Andes, se instale una plata de licuefacción en la costa del Pacífico, se cargue el gas en barcos metaneros que naveguen 4.500 kilómetros hasta el puerto de destino y se construya una planta de regasificación, antes de transportarlo a destino final a través de gasoductos domésticos mexicanos o norteamericanos.
Repsol, asociada a British Gas (BG), controla el campo Margarita donde perforó sólo 3 de los 39 pozos que debió hacerlo de acuerdo a la ley. Asociada a Petrobrás controla San Alberto, asociada a Petrobrás controla Refinor (la refinería más grande del norte argentino), y asociada a British Gas (BG) y Sempras controla Metrogás, empresa que distribuye el energético en la capital chilena.
Con esos vínculos, y con el respaldo de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, de las federaciones empresariales de Tarija y Santa Cruz, de la Cámara Nacional de Hidrocarburos (que agrupa a las petroleras), de organismos internacionales como el BID, el Banco Mundial y la CAF, además del apoyo del MNR y de otros partidos tradicionales, como el MIR, Repsol se ha proclamado la verdadera ganadora del referéndum.
Si el Parlamento permite que suceda todo lo anterior habrá sufrido la burla más sangrienta de su historia”.
La trampa está tendida, sólo una fuerte movilización popular puede impedir que se consume. De esa movilización depende que se arranquen mejoras que beneficien al pueblo boliviano.
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