Posición FAR (Rosario)- Entre el asesinato de obreros por los narco y el ensayo represivo del Estado

¿Que podrán pensar los jefes de los carteles de droga sobre el campesinado organizado, sobre los sindicatos y el movimiento estudiantil? ¿Qué ideas formaran las cabezas de los dueños del sistema cuando los movimientos reclaman sus derechos, o salen a la calle buscando nuevas conquistas?. Podrán pensar lo mismo si son narcos en el estado de Guerrero, o industriales en China, o dueños de las cuentas más pesadas del casino financiero de Wall Street. Podrán pensar lo mismo si los que rigen son los patrones dominantes a la escala que sea, tanto a nivel sistema mundo como a niveles locales. Esos están cargados con las armas más egoístas y temerarias que ha conocido la humanidad. Ellos tienen los ejércitos para las guerras, las cárceles, las mil formas represivas exclusivas o asociadas con sus sicarios de turno.” – Federación Anarquista Uruguaya, 2014.

Llegamos a esta situación a partir del crecimiento, durante más de dos décadas, de bandas narco que, con el paso del tiempo, comenzaron a tener vínculos con las organizaciones de Brasil y México, al tiempo que lograban controlar territorio periférico en una región como el Gran Rosario, de mucha circulación de capital y de contrastes violentos. Una zona de tránsito para una importante exportación de materias primas, crecimiento inmobiliario récord, de elitización de algunas zonas y barrios, de hacinamiento y marginalidad en otros, de altos niveles de pobreza y precariedad, con altos índices de desempleo e informalidad, con un abandono de los servicios y de una contención insuficiente del sector público, sostenido a duras penas con dignidad por los propios trabajadores y trabajadoras.

Basta recordar que nuestra ciudad fue uno de los primeros epicentros de los saqueos del ’89, del 2001 y de 2012. Hace un año destacábamos, desde la FAR, que si hubiera fuentes de trabajo o “proyectos de vida para la juventud y las familias de las barriadas populares, estas empresas del narcotráfico no podrían servirse de la desesperación de los sectores populares para llevar a cabo su arremetida…”.1 Vale aclarar, además, que el entramado de estas bandas llega a la complicidad de jueces, fiscales, políticos, empresarios, comerciantes, comisarios y hasta llegaron a estar asociados jefes de la policía provincial. De algún modo, y como ha pasado en otras partes del mundo, el crecimiento de las bandas narco-criminales sólo se explica a partir de la profundización del neoliberalismo desatado a partir de la última dictadura militar. El engrosamiento de las barriadas pobres como producto del extractivismo, la pérdida en lo concreto de los derechos universales conquistados como educación y salud pública de calidad, la flexibilidad laboral y precarización, junto con la promoción de valores como el individualismo y la competencia. Todo esto dejó campo fértil para el escenario actual. Donde el Estado se preocupó más por controlar con políticas focalizadas, represión y segregación, que en garantizar un porvenir para los sectores populares. Pero que incluso fracasó en su cometido, hasta llegar al punto donde no pudo favorecer el acceso a los servicios, donde no hubo más contención para dar, y así otorgó finalmente el control territorial a estas bandas criminales. Esto no es otra cosa que la clase política delegando, privatizando el control de gran parte de la seguridad, del “comercio” y de numerosos aspectos de la vida social de las barriadas pobres. Solo quedamos las organizaciones comunitarias, sociales y sindicales, resistiendo la marginalidad y la fragmentación, que ante el avance de estas bandas quedamos en una situación de gran asimetría de poder.

Otro elemento a resaltar, de estos últimos tiempos, es el peligroso consenso entre la clase política argentina -de todos los colores- sobre la necesidad de saturación de fuerzas represivas en la ciudad. Sumado a que los gobiernos Provincial y Municipal acaban de delegar al Ejecutivo nacional (dejando en manos de políticos porteños) el abordaje del conflicto. En marzo de 2023 marcábamos a Rosario como un “laboratorio de ensayo”, como hoy vemos, esto se acentúa con la llegada del Ejército, al menos en primer término como “personal operador de logística de seguridad”. Vale destacar que al momento de escribir esta posición, contrasta escandalosamente los desfiles de la llegada de militares a Rosario, mientras la lluvia de las últimas horas inunda los barrios populares de la ciudad, fruto de la desidia de los Estados Provincial y Municipal.

Con respecto a la “política de seguridad” trazada e implementada por Bullrich, desde la época en que Macri era presidente, deja entrever varias cuestiones que, lejos de solucionar el tema de fondo, nos alerta sobre la gravedad que reviste. En aquel documento de marzo del 2023, alertábamos también que la “postura de Bullrich […] se inscribe en una doctrina más general de “guerra a las drogas” creada por los Estados Unidos a principios de los setenta, vinculando claramente sus propuestas a la embajada norteamericana y la CIA. Esta guerra, que parecía lejana a la Argentina, más propia de Colombia o México, es el producto importado del momento e incluye un paquete completo que va desde financiamiento, armamento e incluso desembarco de personal norteamericano.”2 Esto mismo no podemos escindirlo del reciente anuncio de otorgar parte del control de las vías navegables del río Paraná a los EEUU (donde se avizora la vuelta de Trump). El interés de control pleno de las trasnacionales y el imperialismo sobre la región se hace más que evidente.3

Sobre este punto, debemos detenernos brevemente al menos para realizar una mirada sobre cómo se desarrolló esta doctrina de seguridad del imperialismo en América Latina. Esto que acontece en Argentina, puntualmente en Rosario, forma parte de la “construcción de la idea de nuevas amenazas”, impartida por agencias gubernamentales de los Estados Unidos –entre ellos el Comando Sur de sus FFAA–. Terminada la Guerra Fría, esta doctrina fue asociando la “lucha contra el narcotráfico” y el “combate contra el terrorismo” a la hora de avanzar en el despliegue militar norteamericano como parte de un proceso regional de presencia del imperialismo. Esto lo resaltamos porque, más allá de las nefastas consecuencias geopolíticas, en todos estos años, tanto la injerencia del ejército norteamericano, como la intervención de los ejércitos locales de cada país, en cuestiones internas como el narcotráfico, han tenido consecuencias calamitosas para los sectores populares.

En todos los casos, lejos de resolverse, el contexto de violencia social se profundizó. Las fuerzas militares, inclusive, llegaron a tomar parte del negocio. Y acá no nos extendimos siquiera en el agravamiento de las violaciones a los Derechos Humanos, constatado en cada intervención. Tales resultados negativos arrojan las experiencias de México, Colombia, Brasil o Centroamérica.

A esta avanzada, tenemos que resaltar como agravante los intentos de Milei y Bullrich de intentar vincular todo el tiempo la necesidad de control de las calles frente al narcotráfico y el señalamiento a la protesta social como si fueran parte de lo mismo. En este marco es que el gobierno promueve la militarización, reflota la aplicación de la Ley Antiterrorista (vigente desde 2014) y la doctrina Chocobar. Nos surge el interrogante sobre cómo reaccionarán las fuerzas represivas instaladas en la ciudad frente a las constantes movilizaciones locales, en un contexto de crisis social y económica, en una de las ciudades del país con más población bajo la línea de la pobreza.

No debemos dejar de observar que lo que se muestra como un combate entre el Estado y las bandas narcos, esta relación es mucho más compleja. Si bien hay una disputa por el monopolio de la violencia, vemos que son concurrentes en otros objetivos. En este sentido, las calles de la ciudad se ven desiertas por estos días, se han cancelado movilizaciones y protestas, la gente se ha paralizado por el miedo. Esto favorece tanto al gobierno ajustador como a las bandas narcos porque también a paralizado parcialmente, como ya dijimos, la producción. Asimismo, la relación se complejiza aun más cuando el negocio de las drogas se sirve del interés de políticos y empresarios de participar en el mismo.

¿Hay soluciones a corto plazo?

A la hora de pensar en una salida a este contexto, tenemos que aseverar que no existen soluciones a corto plazo y que no es una situación exclusiva de Rosario. Como ya vimos más arriba, el aumento de la represión va en detrimento de las condiciones de vida de la población, ya castigada por el contexto nacional. En este sentido, la “vuelta a la normalidad” no es más una opción para los de abajo, ni aunque nos lo propusiéramos.

¿Puede empeorar la situación? Es más que probable, ya que tiene todos los condimentos para que eso suceda. Por un lado, se pudo conocer un planteo de tregua entre las distintas facciones narcos (clan Alvarado y Los Monos como principales actores). También, advertimos ya un grave corrimiento de los límites en los últimos asesinatos: le llegaron a disparar deliberadamente a bebés y niños pertenecientes a familias implicadas, luego llegó la elección aleatoria de la víctima en la vía pública. Por último, fueron atacados trabajadores de sectores vinculados al transporte -taxis, colectivos, estaciones de servicio-. Este último accionar, intenta alterar la normalidad de la vida de la ciudad, ya que inevitablemente el asesinato de un trabajador implicará el cese de actividades del sector en cuestión.

A esto, debemos sumarle la absurda exposición mediática de los gobiernos Provincial y Nacional, basadas en imágenes espectaculares (armamento, policías a cara cubierta, presos sometidos) y declaraciones provocativas de funcionarios en tono de bravuconadas, como partes de una imitación defectuosa del modelo represivo de Bukele.

Pero los sectores populares organizados no podemos perder el eje en nuestra estrategia de construcción, ni quedar como meros espectadores de la situación. Por un lado, debemos pensar en continuar con la agenda de cada sector, referente al enfrentamiento de las políticas de hambre y ajuste del Gobierno Nacional y Provincial. Uno de los objetivos de estos Gobiernos es correr el eje para implementar el ajuste sin resistencia. Por el otro, en un contexto local de violencia narco hacia los trabajadores, es urgente reclamar una reducción horaria de la jornada laboral, inclusive suprimiendo horarios nocturnos, dado que la mayoría de los asesinatos ocurrieron durante la noche.4 Para esto, es preciso estimular un estado asambleario en los lugares de trabajo, romper con la normalidad que quieren instalar las cámaras patronales y el Estado. La productividad debe ser interrumpida en función de nuestra propia vida. La continuidad de paros y movilizaciones van a ser las herramientas genuinas para llevar adelante reivindicaciones del contexto, particulares de cada sector y generales. Nuestra tarea militante, además, debe aportar a fortalecer el armado de multisectoriales e intersindicales, ya que son herramientas efectivas a la hora de organizar medidas de gran envergadura, dando buenos resultados incluso a la hora de generar impacto. Ya lo vivenciamos con el Paro del 24 de enero (con 3 bloques importantes) o las recientes movilizaciones de docentes y estatales contra el Gobierno Provincial.

Durante los últimos, años hemos advertido desde nuestra organización sobre el grave daño que viene generando este sistema capitalista, empobrecedor y destructivo de la vida y el eco-sistema. También hemos escrito de manera considerable sobre el agotamiento y los límites del sistema democrático-representativo, donde está demostrado pueden convivir retóricas de defensa de derechos, con prácticas institucionales reaccionarias, ultraliberales y fascistas. Hoy, creemos con actualidad en el planteo, desde FAR apuntamos nuestro análisis y estrategia contra este mismo sistema que alimenta el crecimiento de la violencia social con más fragmentación e individualismo. La falta de perspectiva de una vida digna para los sectores populares (principal insumo de las bandas narcos en Rosario), no tiene solución alguna si no apuntamos a cambiar todo. En vísperas de un nuevo 24 de Marzo, la necesidad de ir por una Revolución Social (aquella quimera por la que pelearon las y los 30.000 compañeros desaparecidos) está más vigente que nunca.

FEDERACIÓN ANARQUISTA DE ROSARIO

1 «La violencia como excusa. Narcotráfico, avanzada represiva y oportunismo electoral», Posición FAR, Marzo 2023.

2 Idem.

3 Desde hace años los distintos proyectos imperialistas y neo-coloniales, como son el caso de EEUU, China y la Unión Europea han puesto especial atención en colaborar con los distintos gobiernos locales (Nacional y provinciales) en el control de zonas geo-estratégicas como los puertos de exportación, el acuífero guaraní, la Patagonia y la zona del litio en el NOA argentino.

4 Inclusive en algunos sectores públicos y privados se planteó la no utilización de uniformes de trabajo, al menos de manera momentánea.

Sobre fau